Argentina deberá pagar a sus acreedores US$1.300 millones antes del 15 de diciembre, según dictaminó el juez federal en Nueva York, Thomas Griesa, en una decisión anunciada después del cierre de los mercados este miércoles y antes de un largo festivo en Estados Unidos.
En razón de ello no ha habido reacciones de los mercados financieros o los bancos, que permanecen cerrados desde hoy y hasta el lunes próximo en EEUU por la festividad de Acción de Gracias.
La decisión de Griesa está sujeta, todavía, al fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito Federal de Nueva York ante el cual Argentina pidió que se revise una resolución, desfavorable a ese país, tomada en octubre pasado.
Según informa hoy la prensa económica, Griesa rechazó este miércoles los pedidos del gobierno de Argentina, respaldados por la Reserva Federal de EEUU, para que mantuviera su propia orden de frenar los pagos a los inversionistas que no aceptaron los dos canjes de deuda argentina realizados después del cese de pagos de 2001.
El gobierno de Argentina litigó en tribunales por varios años con compradores de bonos, a los que califica de "fondos buitre", como resultado de la mayor suspensión de pagos en el mundo, hace una década, sobre su deuda de US$95.000 millones.
Griesa ordenó que el Banco Mellon de Nueva York, que maneja los pagos a los tenedores de bonos reestructurados, es decir los que sí participaron en los canjes, que deposite US$1.300 millones en una cuenta de reserva antes del 15 de diciembre.
En su decisión, el juez Griesa mencionó declaraciones recientes de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández en el sentido de que no se va a pagar un centavo a los inversionistas que no participaron en los canjes de deuda.
"Estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto y requieren una acción", señaló el juez, citado hoy por medios estadounidenses.
Pocos días antes del pronunciamiento de Griesa, el asesor legal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Thomas Baxter, en una carta al tribunal de Griesa, respaldó la posición argentina y argumentó que no deberían emitirse órdenes cautelares contra los bancos intermediarios que procesan pagos a los acreedores de Argentina.
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