Hugo Chávez crea ente para supervisar sus más de 1.000 expropiaciones
Las petroleras Exxon Mobil y ConocoPhillips de EEUU han presentado recursos ante del CIADI.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 29 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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El Consejo Superior de Defensa Internacional y Soberanía deberá “fijar los lineamientos y estrategias para la planificación y coordinación de los procedimientos que deben seguir los órganos del Estado, a fin de defender el país ante las instancias foráneas”, según el decreto.
Venezuela enfrenta 20 casos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferendos en Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
Su gobierno ha nacionalizado, entre otros, activos de las petroleras Exxon Mobil y ConocoPhillips (con un litigio pendiente ante el CIADI), la multinacional de alimentos Cargill y el gigante de telecomunicaciones Verizon, todas de EEUU; el banco español Santander, la cementera mexicana Cemex y la siderúrgica argentina Techint.
En total, Chávez ha estatizado 1.045 empresas desde que asumió el poder en 1999, según la asociación industrial Conindustria, que han costado al gobierno al menos US$ 9.900 millones en compensaciones. Las demandas internacionales contra el país son por US$ 20.000 millones, según la firma local Ecoanalítica.
El Consejo tendrá siete miembros, incluidos el fiscal general, el vicepresidente, el canciller y el ministro de Petróleo. Además capacitará a los funcionarios públicos encargados de defender al país en el exterior.
El mandatario además creó con un segundo decreto el Consejo Superior Estratégico de Expropiaciones, que supervisará la política oficial de nacionalizaciones para garantizar su “eficiencia” y “legalidad”. Entre otras funciones deberá crear una base de datos de los procesos de expropiación en curso.
Esta instancia “se encargará de formular recomendaciones al Ejecutivo Nacional para decretar las expropiaciones de bienes cuando por causa de utilidad pública así se requiera, establecerá los lineamientos y apoyo para fijar los precios y creará un registro o base de datos de todos los procedimientos expropiatorios, entre otras funciones”.
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