Por Marco Fajardo
Tras varios escándalos, la imagen de la realeza española ha recibido otro duro golpe. La infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos de España, fue imputada ayer por un caso de corrupción en el que también está implicado su esposo, acusado de desvío de fondos públicos por 5,8 millones de euros (US$ 7,8 millones) a una entidad sin fines de lucro entre 2004 y 2007. La Duquesa de Palma deberá declarar el 27 de abril, aunque la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión, informó el diario Expansión.
Los hechos están relacionados con el Instituto Nóos, cuyo titular era Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta, que a cambio de millones de euros organizó varios eventos -cuya importancia fue posteriormente cuestionada- por encargo de los gobiernos regionales de Islas Baleares y Valencia, ambos en manos del gobernante Partido Popular (PP).
Urdangarin está imputado desde diciembre de 2011, acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública.
Ayer la Casa del Rey expresó, a través de un portavoz, su “sorpresa” por “el cambio de posición” del juez José Castro, instructor del caso, que antes había descartado imputar a la mujer. Al mismo tiempo manifestó su “absoluta conformidad” con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida.
Según el juez, la imputación se debe a que hay indicios de que Cristina pudo consentir que su parentesco con el rey fuera utilizado por Urdangarin y su socio en las actividades de ese instituto, lo que podría constituir un supuesto de “cooperación necesaria” o “complicidad” en los delitos presuntamente cometidos.
En declaraciones ante el juez, Urdangarin desligó a su esposa y a la Casa Real de sus actividades y aseguró que nunca autorizó o avaló los negocios del Instituto Nóos.
Urdangarin, de 45 años, ex jugador de handball y casado desde 1997 con Cristina, con la que tiene cuatro hijos, fue apartado de las actividades oficiales de la familia real española tras su imputación.
La convocatoria del juez a la infanta se produce después de que se publicaran varios correos electrónicos de Diego Torres, ex socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, dirigidos supuestamente a ella y a otras personas del entorno de la realeza.
Ayer los dos principales partidos reaccionaron con cautela. Un portavoz del PP de Cataluña manifestó su respeto por las decisiones judiciales, pero no quiso profundizar en los hechos. El líder opositor socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, en tanto, dijo que “la justicia en España es igual para todo el mundo”.
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