El gobierno griego solicitará a la UE un aplazamiento del periodo para reducir el déficit, según anunció hoy uno de los socios del Ejecutivo de coalición tras una reunión con el primer ministro heleno, Andonis Samaras.
"Nos pusimos de acuerdo en que la recesión es mucho más grave de lo previsto y en que pediremos alargar el período de reducción del déficit", dijo el líder del socialdemócrata Pasok, Evángelos Venizelos, tras reunirse con Samaras y con Fotiz Kuvelis, dirigente del tercer partido del gobierno.
Venizelos subrayó la importancia de convencer a los socios europeos de que este paso "es necesario para el país", puesto que diversos organismos sitúan en el 6,9% la caída de la economía en 2012, el quinto año consecutivo de recesión.
Grecia ha reducido considerablemente su déficit, superior al 15% en 2009 y ligeramente por encima del 9% en 2011, aunque la cifra aún está lejos de lo exigido por el Pacto de Estabilidad Europeo.
Por su parte, Kuvelis explicó que el Ejecutivo está buscando "medidas alternativas" a la reducción de salarios y pensiones, que permitan también equilibrar el presupuesto griego, aunque para ello deberán contar con el visto bueno de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Con todo, Venizelos reconoció que la negociación con Bruselas "no es fácil" y, de hecho, en su reciente visita a Atenas, los representantes internacionales advirtieron de que no se renegociarían los términos del rescate hasta que el programa de reformas impuesto al gobierno griego no vuelva a encarrilarse.
Según el diario 'Kathimerini', la imposibilidad de renegociar el llamado memorándum habría causado fricciones en el Gobierno, debido a que el ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, ha admitido que no se renegociará el rescate hasta que Atenas demuestre su voluntad de continuar las reformas y cumplir un compromiso de ahorro de otros 3.000 millones de euros.
Para ello, el gobierno baraja reducir un 12% el salario a funcionarios con retribuciones especiales, como militares, médicos o diplomáticos, y recortar 300 millones al sistema de pensiones y otros 500 al gasto farmacéutico y de la seguridad social.
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