El Gobierno español se mueve para defender los intereses de sus ciudadanos en la crisis abierta con Argentina. A la espera de conocer los planes reales del Gobierno de Cristina Fernández sobre la eventual expropiación de la petrolera YPF a Repsol, su principal accionista con el 57%.
El Ejecutivo español amenaza con tomar "todas las medidas a su alcance" en caso de que la nacionalización finalmente se ejecute. Unas medidas que empiezan a tomar carácter diplomático con contactos mantenidos con Estados Unidos y México para recabar su apoyo para frenar la posible expropiación. Un respaldo que el Gobierno ya ha obtenido formalmente hoy de la Unión Europea.
Los movimientos del Gobierno español comenzaron esta mañana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, convocó al embajador argentino en España, Carlos Bettini, a una reunión urgente en la sede del ministerio para expresar el malestar por la posible nacionalización. Tras el encuentro, del que el embajador argentino salió sin hacer declaraciones, Margallo advirtió a las autoridades del país sudamericano de que "cualquier agresión" que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerada como una agresión al propio Gobierno español.
Margallo hizo un llamado al diálogo y a la negociación para solucionar el conflicto y ha dicho que la ruptura de las relaciones con Argentina es el "peor de los escenarios" que se puede imaginar. "YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España", ha dicho el ministro, así que "es hora de estudiar las medidas que habría que adoptar si la negociación fallase".
El ministro Margallo subrayó que un hipotético desacuerdo con Argentina iría más allá de una simple cuestión económica y reveló que ha solicitado ayuda a sus socios internacionales, con contactos al respecto en concreto con Estados Unidos y México, que ahora ocupa la presidencia del G20. "Hemos tenido muchos contactos [con otros países], unos los cuento y otros no los cuento", ha dicho.
La crisis de Repsol en Argentina, donde el grupo español se enfrenta a la expropiación de su filial YPF, se ha convertido ya un conflicto bilateral entre los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Cristina Fernández. El Gobierno argentino ya ha redactado un borrador que permitiría la expropiación del 50,01% de YPF. El Gobierno de Cristina Fernández pretende tomar el control de la petrolera declarando su actividad de interés público, lo que le permitiría nacionalizar una participación de control en el capital de YPF, cuyas acciones están en manos del grupo argentino Petersen (25,46%) y de Repsol, que posee el 57,43%.
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