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Publicado: Jueves 19 de febrero de 2015 a las 04:00 hrs.
Según advierten expertos de la industria, las compañías necesitarán un seguro que cubra daños por
US$ 1.000 millones por ataques informáticos, pero algunas compañías luchan por asegurar una décima parte del monto.
El monto máximo de los seguros cibernéticos disponible actualmente es de US$ 500 millones, aunque la mayoría de las compañías tienen dificultades obteniendo más de US$ 300 millones en cobertura. Eso significa que podrían enfrenar cientos de millones de dólares en costos extras si sus redes son hackeadas.
La escala de la amenaza fue revelada esta semana cuando investigadores de Kaspersky, una empresa rusa de seguridad cibernética, dijo que descubrió un sofisticado programa de espionaje usado en computadoras de 30 países, incluyendo Irán, Pakistán, Rusia y China.
La estadounidense minorista Target dijo en noviembre que el costo por violación de sus datos llegó a
US$ 248 millones. Pero los gastos podrían ser incluso mayores en caso de un golpe a un gran banco o empresa eléctrica.
Ese tipo de amenaza impulsó al gobierno de EEUU y al sector privado a trabajar juntos en encontrar una forma de aumentar la cobertura. "Los costos se están siendo tan grandes que ya necesitamos US$ 1.000 millones", dijo Ben Beeson, socio de la corredora de seguros Lockton. "El punto es cómo llegamos allí, especialmente cuando los riesgos están cambiando todos los días".
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.