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Publicado: Lunes 30 de enero de 2012 a las 05:00 hrs.
Por John Gapper
Google ha protestado por el borrador del proyecto de ley sobre privacidad de la Unión Europea que podría regular cómo las compañías almacenan y manejan su información personal, argumentando que algunas medidas lograrían “romper la Internet”, slogan utilizado por las empresas de la red para oponerse a la legislación anti-piratería en EEUU.
Altos ejecutivos de Google, hablando durante el Foro Económico Mundial de Davos, la semana pasada, plantearon temores por las propuestas de Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE, para impedir que empresas almacenen y usen datos personales a menos que los titulares den un consentimiento explícito.
David Drummond, jefe legal de Google, dijo que el proyecto podría significar que las personas tendrán que dar un permiso explícito para cualquier sitio que visiten, ya que la navegación involucra revelar una dirección de protocolo de Internet. “Algunos han argumentado que las direcciones IP son información personal, y eso significaría que cada vez que vaya a una página web, algo surgiría. Estamos preocupados por ello y vamos a participar de la consulta de la Unión Europea para asegurarnos de que no vamos a “romper Internet”.
Las empresas de tecnología reunieron suficiente apoyo este mes para obligar al congreso de EEUU a aplazar dos proyectos de ley destinados a combatir la violación de los derechos de autor y la piratería, argumentando que estos proyectos iban a “romper Internet”.
La campaña contra la ley SOPA ha demostrado la creciente influencia política de las compañías de Internet.
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.