Una lectura minuciosa de los términos del acuerdo logrado sobre el tema agrario entre el gobierno y las FARC el fin de semana evidencia claros puntos de congruencia con la denominada Política Integral de Tierras que presentó el Ministerio de Agricultura desde 2010. Por ejemplo, el mejoramiento del acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la restitución de tierras, el uso productivo de la tierra y la extinción de dominio a tierras ilícitas.
Para Absalón Machado, docente de la Universidad Nacional y uno de los mayores expertos en el tema de tierras, estos puntos en común indican que el gobierno tuvo la capacidad suficiente para poner sobre la mesa los planes de su política rural. Lo convenido plantea, por ejemplo, un robusto plan de formalización de la tierras, igual que en el plan de desarrollo de Santos que tiene como objetivo facilitar la titulación masiva de la propiedad como base para la estabilización de la economía campesina. Según el Ministerio de Agricultura, existen cerca de 1,2 millón de predios informales en el sector rural, es decir, el 40% del total.
No obstante, para Machado este tema puntual supone una transición en la institucionalidad para que se logren superar los vicios de ilegalidad en derechos de propiedad que están en la espina dorsal del problema de tierras. Coincide con esto José Leibovich, consultor privado, tras afirmar que el Incoder y El Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberán volverse instituciones más robustas y aumentar su capacidad técnica para adelantar estos proyectos de gran envergadura.
El gobierno y las FARC también plasmaron la necesidad de reconocer a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, que ya es desde Agricultura con la ley de víctimas y restitución de tierras que hasta el momento deja como balance de un total de 12.000 hectáreas devueltas a campesinos despojados.
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