El Departamento de Estado de EE.UU. anunció hoy que destinará un total de US$ 2,6 millones a doce proyectos para combatir la piratería intelectual en todo el mundo, entre ellos programas de México, Colombia, Chile y Brasil.
Chile obtendrá US$ 100 mil para la formación de los jueces del país en derechos de propiedad intelectual, "incluido el desarrollo de un libro de referencia sobre jurisprudencia en la materia" y la supervisión del proyecto por parte de la misión estadounidense en Santiago de Chile.
El gobierno de México recibirá US$ 438.814 en formación para sus fuerzas de seguridad en asuntos relacionados con las pruebas digitales en los casos de piratería en Internet, el "rastreo del dinero" deducido de esos actos y las operaciones de seguridad en la frontera, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Por su parte, Colombia recibirá US$ 70.000 para la formación de la Policía Nacional en "el combate de crímenes relacionados con los derechos de propiedad intelectual", mientras que Brasil recibirá 150.644 dólares para desarrollar seminarios formativos.
Los fondos, que proceden de la financiación para programas contra el crimen en el año fiscal 2011, beneficiarán además al África subsahariana, una región que recibirá 525.920 dólares para programas de formación a fuerzas de seguridad en la recopilación de pruebas y el tráfico de medicamentos, entre otros.
Asimismo, las autoridades de aduanas en la región de África Occidental recibirán US$ 182.000 en formación para "identificar y aprehender bienes infractores", y las fuerzas de seguridad de África Oriental obtendrán US$ 255.936 para combatir el contrabando de medicamentos.
Estados Unidos también destinará US$ 242.349 para formación judicial en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); 210.184 para talleres conjuntos entre funcionarios de India, China y la ASEAN; y US$ 175.171 en seminarios para jueces y fiscales en Filipinas.
Por último, concederá US$ 184.000 a Tailandia para la formación de sus jueces y funcionarios de aduanas y US$ 106.375 a Turquía, para la formación de sus magistrados que trabajan en nuevos tribunales destinados a casos de propiedad intelectual.
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