Los enfrentamientos y bloqueos ocurridos en Bolivia la semana pasada tras la aprobación de la nueva Ley de Minería y que dejaron dos muertos provocaron hoy la sustitución del ministro de ese sector, Mario Virreira, quien fue reemplazado por César Navarro.
El presidente boliviano, Evo Morales, designó a Navarro a primera hora de este martes en una decisión poco habitual en el mandatario, que suele dejar los cambios en su gabinete para cada enero, cuando se conmemora su llegada al poder y rinde cuentas al país en un discurso ante el Parlamento.
Además de los dos muertos, un centenar de mineros y policías resultaron heridos en los enfrentamientos ocurridos la semana pasada, cuando miles de cooperativistas del sector bloquearon durante varios días las carreteras en cinco regiones del país en rechazo a varios cambios de última hora introducidos en la Ley de Minería durante su paso por el Congreso.
Durante el acto de posesión del nuevo ministro, el presidente aludió a supuestos "intereses ocultos" del equipo técnico del ministro saliente.
Morales advirtió que se investigarán los contratos entre cooperativistas y empresas privadas, después de que el Gobierno anunciara ayer que se habían detectado 42 contratos ilegales entre las cooperativas del sector y firmas trasnacionales.
Por ello, dijo el mandatario, una de las primeras tareas del nuevo ministro será la de realizar una auditoría a esas contrataciones para determinar si fueron inconstitucionales.
Los mineros suspendieron sus movilizaciones a finales de la pasada semana a la espera de reunirse con Morales, que ha anunciado que los recibirá este jueves.
La protesta estalló con la reforma del proyecto de Ley de Minería, en la que el Congreso introdujo cambios en el último momento a pesar de que la normativa había sido concertada con el sector durante tres años.
Los parlamentarios habían detectado que el proyecto facultaba a las cooperativas a firmar contratos de asociación con entidades privadas, nacionales o trasnacionales, cuando la Constitución atribuye tal potestad al Estado.
Según el Congreso, el riesgo es que los entes privados se aprovechen de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a las cooperativas y se apropien de los yacimientos.
El otro cambio rechazado por las cooperativas es que sus contratos con el Estado deban ser aprobados en el Parlamento, ya que el proyecto inicial establecía que se refrendarían en una instancia inferior.
A raíz de estos choques, el tratamiento de la norma fue suspendido en el Senado en busca de nuevos consensos con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
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