Inquietud existe entre los ministros colombianos de Agricultura, Ambiente, Interior, Minas y Transporte por los efectos del proceso de consulta previa a los pueblos indígenas que considera la aprobación de iniciativas de inversión productiva.
Proyectos de ley como el nuevo código de minas, la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la Ley de desarrollo rural se encuentran estancadas por este concepto.
El nuevo código de minas, que se debería debatir en el Congreso a partir de marzo, ha estado frenado ya que la Corte Constitucional obligó a hacer otra consulta con los afrodescendientes de la zona, ya que los examinados previamente no eran representativos, según mencionó el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo.
En mayo vence la norma actual que rige la minería.
En este contexto, el ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, calificó las consultas previas a los pueblos indígenas como algo “laberíntico, costosísimo e interminable”, que está cuasiparalizando la acción del Estado. Por eso, propuso que las normas sean subidas a Internet y se abran las consultas a las comunidades.
A su turno, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo que en este tema se trata de encontrar un equilibrio entre las consultas previas y los procesos de desarrollo, pues el gobierno no está buscando desconocer ni limitar ese derecho de las comunidades. “La solución son reglas de juego claras, es sentarnos con sensatez y con equilibrio a analizar cuáles son los escenarios, los protagonistas y el tipo de actividad que tiene que ser objeto de la consulta”, indicó el personero, quien reconoció que algunas personas están cometiendo excesos y sacando provecho de la ausencia de reglas de juego claras.
Agregó que hay la posibilidad de tener una ley de consultas previas, “que también debe ser consultada”, para así eliminar las dificultades que han tenido los diferentes ministerios en la ejecución de varios proyectos.
El ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, reconoció que las consultas previas son de suma importancia y requieren llevarse a cabo, pero es necesario un orden. “Se requiere establecer un protocolo interno que tenga unas etapas, unos escalafones y mecanismo que permitan llegar de alguna manera a conclusiones y que permitan avanzar en los temas”, agregó.
Costo del proceso
Otro de los inconvenientes para el desarrollo de los proyectos que requiere el país es el valor de cada proceso de consulta previa. Según estima el director de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, a una empresa o a una entidad estatal le cuesta una cifra cercana a $ 4.000 millones cada concertación (unos US$ 2 millones).
Pese al descontento de los empresarios y de los mismos gobernantes, este proceso se debe realizar ya que la Constitución lo considera un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los otros grupos étnicos. El tiempo de cada consulta previa depende del impacto de la obra y, según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, se demora entre cuatro meses y cuatro años.
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