El portavoz del Gobierno de Chipre, Jristos Stylianidis, reconoció hoy que su país necesita un rescate de 23.000 millones de euros (unos US$ 30.171 millones), lo que incluye los fondos de 10.000 millones que otorgará la troika más otros 13.000 millones en medidas de ahorro y subidas impositivas que recaudará el Estado chipriota.
De esta manera confirmó las necesidades de financiación indicadas por el informe sobre Sostenibilidad de la Deuda Pública de Chipre, redactado por la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE), filtrado a la prensa.
Desde que el anterior gobierno chipriota solicitó ayuda de la troika el pasado verano, las necesidades de financiación de Chipre venían siendo valoradas en torno a los 17.500 millones de euros (equivalente a su PIB), pero según Stylianidis, la tardanza en actuar del anterior Ejecutivo ha provocado un aumento de estas necesidades debido a la huida de capitales.
"Cuando tienes tantas salidas de dinero de los bancos locales, desafortunadamente, se llega a esta cantidad (...). Lo que se deduce del informe es que el Gobierno anterior, por haber actuado de esa manera irresponsable, ha llevado al país a esta tragedia económica y ha provocado un aumento (de las necesidades de financiación) hasta los 23.000 millones de euros, a pesar de que la cantidad acordada en el primer memorándum, en noviembre, era de 17.500 millones", dijo.
Por otro lado, Stylianidis también confirmó que la propuesta de poner a la venta parte de las reservas de oro para recaudar 400 millones de euros, también incluida en el informe de la CE, está sobre la mesa aunque explicó que la decisión entra dentro de las competencias el Banco Central.
La portavoz del Banco Central, Aliki Stylianu, había dicho anteriormente que la venta del oro está fuera de discusión.
Este es un episodio más de las malas relaciones y falta de comunicación entre la institución financiera central y el Gobierno dirigido por el conservador Nikos Anastasiadis.
Tras las críticas del partido de Anastasiadis al gobernador del Banco Central, Panikos Dimitriadis, al que se acusa de haber ocultado información sobre la situación de los bancos, el Parlamento decidió abrir una investigación contra él para decidir si existe responsabilidad penal en su comportamiento.
El gobernador del BCE, Mario Draghi, en una carta enviada a Chipre manifestó su preocupación por el proceso iniciado en el Parlamento, que podría culminar en el despido de Dimitriadis.
"Como saben, la independencia de los bancos centrales es un pilar fundamental de las instituciones económicas de la Unión Europea", afirmó Draghi.
Además, recordó que la legislación europea sólo contempla dos casos en los que se puede hacer dimitir al gobernador de un banco central: que no se encuentre en condiciones de cumplir su cometido o que sea culpable de negligencias graves.
El presidente del BCE advirtió de que un proceso para forzar la salida de ese puesto "es un paso muy serio que sólo puede ser dado en caso de que haya serias alegaciones en contra" del gobernador en cuestión.
Los medios chipriotas se hicieron eco de que durante todo el día de ayer, Dimitriadis no respondió a las llamadas telefónicas de Anastasiadis, aunque según explicó hoy el portavoz del Ejecutivo, ambos mandatarios sí mantuvieron hoy una "larga conversación".
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