Los principales órganos judiciales de China, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Popular, publicaron hoy un documento conjunto que impone penas más duras sobre los culpables de contaminar el medio ambiente y que simplifica la investigación y el procesamiento de estos casos.
El nuevo documento legal, que entra en vigor hoy, enumera hasta 14 actividades que se consideran como "delitos de menoscabo de la protección del medio ambiente y de los recursos" y que, a diferencia de la ley anterior, se definen claramente como "cargos criminales".
Así, el vertido o tratamiento de residuos que contengan patógenos de enfermedades infecciosas o radiactivas en fuentes de agua potable o en reservas naturales será un delito, con una pena máxima de prisión de 7 años y multas "severas".
Las actividades que ocasionen problemas medioambientales que obliguen a evacuar a más de 5.000 personas o que hayan provocado el envenenamiento a más de 30 también se definirán como delitos, además de la contaminación cerca de hospitales, escuelas o grandes áreas residenciales.
El documento pretende establecer criterios más precisos para las condenas y sentencias con el objetivo de "facilitar el trabajo de los jueces y endurecer los castigos a los que contaminan", reza el comunicado de los organismos judiciales.
De acuerdo con la nueva normativa, una persona puede ser condenada si es responsable de un "daño grave" a otra persona por la contaminación, mientras que antes solamente se podía sentenciar al acusado si la víctima fallecía.
El Ministerio de Seguridad Pública también anunció ayer la detención de 118 sospechosos en lo que va de año por casos de contaminación medioambiental, la mayoría de ellos relacionados con el sector minero y petroquímico.
El presidente chino, Xi Jinping, aseguró a finales de mayo que "el país no va a sacrificar el medio ambiente para el crecimiento económico temporal".
En este sentido, el Consejo de Estado anunció la semana pasada un conjunto de medidas para combatir la contaminación del aire, entre ellas frenar el crecimiento de industrias que requieren un alto consumo energético o fortalecer la aplicación y cobro de impuestos y sanciones a las empresas según sus emisiones.
El martes, la ciudad sureña de Shenzhen puso en marcha un mercado de derechos de emisiones de dióxido de carbono en el que aquellas compañías que emiten por debajo de sus cuotas pueden vender su exceso a otras que las sobrepasan o hasta a inversores externos con fines de lucro.
Esta es la primera iniciativa de este tipo que se celebra en el gigante asiático, primer país emisor de dióxido de carbono del mundo, y las autoridades pretenden ampliarlo a otras seis ciudades: Pekín, Tianjin, Shanghai, Chonqing, Hubei y Cantón.
Estos planes suponen la primera piedra para construir, en un futuro, un hipotético mercado de comercio de derechos de emisiones de contaminantes que englobe todo el país, algo que contribuiría a cumplir con los planes de reducir entre un 40% y 45% tales emisiones por unidad del PIB en 2020 en comparación con 2005.
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