La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, aseguró en una carta al gobierno español que coincide "plenamente" con sus tesis sobre una hipotética secesión unilateral de Cataluña, lo que implicaría una exclusión inmediata de la Unión Europea y obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión, en el que España tendría derecho de veto.
La vicepresidenta comunitaria envió la misiva al gobierno español el pasado 4 de octubre, como respuesta a otra que había enviado previamente el secretario de Estado para asuntos comunitarios, Íñigo Méndez de Vigo, después de que la comisaria asegurara en unas declaraciones al Diario de Sevilla que en ningún lugar estaba escrito que Cataluña tuviera que quedar excluida de la UE en caso de que se independizara.
En su misiva, Méndez de Vigo afirma que, según los Tratados de la Unión Europea, queda claro que una Cataluña independiente debería iniciar de nuevo los procesos de adhesión:
"A efectos puramente dialécticos, si la Constitución española fuera efectivamente modificada para permitir la celebración de un tal referéndum y si a resultas de la misma surgiera un Estado independiente, éste no formaría en ningún caso parte de la UE. Así resulta del artículo 52 del Tratado de la UE, en el que se enumeran los Estados miembros a los que se aplican los Tratados, entre ellos el Reino de España. Por ello, ese hipotético nuevo Estado debería, a tenor de lo que establece el artículo 49 del Tratado de la UE, solicitar la adhesión y obtener una decisión favorable del Consejo, por unanimidad, debiendo ser el Acta de Adhesión ratificada por los Parlamentos de todos los Estados miembros".
La respuesta de Reding a esta posición, publicada ayer en varios diarios españoles, es igual de contundente: "Quiero que no quede ninguna duda sobre mi posición, que es igual a la posición expresada por el presidente Barroso en nombre del Colegio, y que coincido plenamente en el análisis del marco constitucional europeo que desarrollas en tu carta".
No obstante, esta contundencia contrasta con la ambigüedad con la que respondió a esta pregunta Joaquín Almunia, comisario de Competencia y también vicepresidente de la Comisión Europea, la semana pasada en Barcelona. "No se puede dar una respuesta tajante en decir que si alguien se segrega, se queda fuera y no sabemos nada más de él por los siglos de los siglos. No es así", afirmó Almunia.
Oficialmente, la postura de la Comisión Europea es que cada caso debe tratarse individualmente y que solo se pronunciará en el caso de que España pida formalmente su opinión. En privado, no obstante, fuentes comunitarias observan con preocupación no solamente sus derivadas políticas e institucionales, sino también la inestabilidad que un proceso de secesión puede provocar en la economía española, que ya ha pedido un rescate para sus bancos y podría pedir otro para el país.
El caso de Groenlandia
Uno de los argumentos que esgrimen los que defienden que una Cataluña independiente seguiría dentro de la UE es que no está claro que se pueda quitar a los ciudadanos catalanes los derechos adquiridos por la pertenencia a la unión.
Sin embargo, existe un precedente: el caso de Groenlandia, que se separó de Dinamarca en 1973 mediante un referéndum. Sus ciudadanos perdieron entonces su ciudadanía de la UE, pero en este caso hay una diferencia notable: el motivo de la separación de los groenlandeses era precisamente su rechazo a pertenecer a la UE, por miedo al impacto en sus relaciones comerciales con América. En este caso, los partidos políticos que defienden la independencia no desean salir de la UE.
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