La Cámara de Diputados de Brasil respaldó una polémica reforma de una ley que regula el uso de la tierra y propone ampliar las áreas de cultivo en zonas hasta ahora protegidas, como el Amazonas.
El proyecto, impulsado por el gobierno y modificado por presión de grandes terratenientes, dará un impulso a la pujante industria forestal y agrícola de Brasil, que aspira a consolidarse como una potencia alimentaria a nivel mundial, sin embargo, provocó indignación entre grupos ecologistas y de oposición. Los detractores del proyecto aseguran que abrirá las puertas a una mayor desforestación en un país que ya ha perdido más de la mitad de su cobertura vegetal original.
El actual código data de 1965 y su modificación establece que las áreas protegidas de selva en manos privadas situadas en el Amazonas, que actualmente están en 80%, se rebajen a 50%.
Pero, lo que más preocupa es que en el nuevo Código Forestal amnistía las multas a hacendados por la deforestación realizada hasta 2008 de zonas prohibidas.
Críticas a Rousseff
A través de una campaña llamada Veta Dilma,los ecologistas piden a la presidenta Dilma Rousseff que vete la reforma, ya que durante su campaña electoral se comprometió a bloquear algunos de los aspectos más polémicos de la legislación.
“La presidenta Rousseff hizo la promesa de que no toleraría las leyes que promovieran nuevas oleadas de deforestación o amnistiaran crímenes forestales del pasado. Le pedimos que mantenga sus promesas”, dijo la directora general de WWF Brasil, María Cecilia Wey de Brito.
La organización dijo que Brasil no podrá cumplir sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2 ni las tasas de deforestación, ya que la nueva ley podría derivar “en una pérdida de más de 76,5 millones de hectáreas forestales”.
Greenpeace, por su parte, acota que la reforma “compromete los acuerdos internacionales firmado por el ex presidente Lula en 2009 en la Cumbre de Copenhague”.
Impulso a la agricultura
A pesar de las críticas, el proyecto ha sido celebrado por el sector empresarial. El diputado Luiz Heinze, del derechista Partido Progresista, defendió la medida que calificó como “un momento histórico para la agricultura brasileña”, un sector al que definió como el “motor del progreso de Brasil”.
El proyecto contó con pleno apoyo de la “bancada rural”, un grupo parlamentario suprapartidista que representa los intereses de los grandes terratenientes del país.
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