El anuncio de la presidenta Cristina Fernández el lunes, sobre la nacionalización de 51% de YPF, sembró la incertidumbre y dejó planteadas variaas dudas sobre las implicancias de este proceso. Pero los distintos actores en el conflicto dieron ayer fuertes señales en uno de los frentes clave: ¿cuánto piensa pagar Argentina a por los activos que expropió?
El primero en abrir los fuegos fue el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, que valoró su participación de 57% en 8 mil millones de euros (US$ 10.500 millones).
Pero las autoridades trasandinas se apresuraron a atajar las expectativas de la española. Axel Kicilliof, viceministro de Economía, fue tajante. “No vamos a pagar lo que ellos dicen”, aseguró durante una sesión del Congreso.
Por el contrario, las autoridades latinoamericanas tienen una larga lista de descuentos que quieren agregar a las cuentas de Repsol. El poderoso ministro de Planificación, Julio de Vido, explicó que el gobierno pretende cobrar a YPF daños medioambientales. “Hablamos con cada uno de los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales que hicieron. En Mendoza dejaron un desastre en infraestructura de producción. Esto tiene su costo y lo van a tener que pagar”.
Pero Repsol también saca sus cuentas. Según sus estimaciones, las presiones, trascendidos y amenazas en los meses previos a la nacionalización hicieron caer el valor bursátil en 1.766 millones de euros. Según el ejecutivo, el objetivo de esas medidas fue “derrumbar el precio de YPF para facilitar su expropiación a precio de saldo”. Brufau anunció además que recurrirá al tribunal de controversias del Banco Mundial (CIADI).
Sin justificación
En medio de esta discusión, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, expresó ayer su “profundo malestar” por la decisión de Argentina y dijo que la medida no tiene “justificación ni razón económica”. De visita en México, adelantó que España defenderá los “intereses legítimos” de Repsol. Y para ello ya está preparando represalias. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, explicó que la respuesta española será anunciada el viernes por el Consejo de Ministros. Pero en lo inmediato, la Comisión Europea ya suspendió la visita a Buenos Aires de una misión comercial.
El Fondo Monetario Internacional se sumó al debate y lo hizo del lado de España. Durante la presentación de su Panorama Económico Mundial, el responsable del departamento de investigación, Thomas Helbling, dijo que las “intervenciones públicas discrecionales empeoran el clima de inversión”, lo que “no es favorable para la inversión y crecimiento”.
Pero De Vido no se impresiona y ayer señaló que el gobierno ya tiene ofertas de grandes firmas interesadas en asociarse con YPF.
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