Bajo la sombra del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica presentado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, opositores a su gobierno se movilizan hoy, nuevamente, a las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral en todo el país, para exigir que el ente asigne dónde se validarán las firmas que piden la activación de un referendo revocatorio en contra del mandatario.
La atención está puesta sobre lo que pueda ocurrir, tomando en cuenta que hace una semana hubo enfrentamientos entre fuerzas militares y manifestantes quienes, según versión oficial, no tenían permiso para tomar las calles. A pesar de que eso no está previsto en la Constitución, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, reiteró que los detractores de Maduro “no van a llegar al centro” de la capital. En el mismo tono, estuvo el jefe de Estado quien aseveró que pueden manifestar pero en otros municipios (opositores). “Cada vez que entran a Caracas hay muertos”, apuntó.
Por su parte, el líder opositor, Henrique Capriles, aseguró que la medida es inconstitucional y nula, y reiteró la convocatoria. Además, saludó la llegada al país de los ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana, para buscar una mediación entre las partes, pero señaló que el referéndum es la única solución a la crisis.
La jornada amenaza con elevar la tensión en momentos en que se ha agudizado la escasez de bienes y el acceso a servicios básicos. Ayer hubo un nuevo intento de saqueo a un camión de alimentos en las afueras de la capital.
Para el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, el hecho de que el decreto aún no esté completamente vigente -ante la falta de aprobación de la Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Supremo de Justicia- no exime al Ejecutivo de su aplicación. “La decisión de la AN, que inició ayer el debate sobre el instrumento, no es garantía de que no se lleve a la práctica. Ya lo vimos. El gobierno puede y lo va a llevar a cabo por la fuerza”.
Sin embargo, reiteró que los ciudadanos están habilitados a protestar hoy porque, de todas maneras, el instrumento no suspende ese derecho, pero advierte: “Lo más preocupante son las facultades políticas que tienen demasiadas ambigüedades y da poder, peligroso, a consejos comunales y organizaciones populares a que se consideren con autoridad de ejercer el orden público”.
Para Haro, ante una situación tan desfavorable para Maduro, que ha perdido apoyo popular y que se ve perdido en el ámbito electoral, “creo que su apuesta política es precisamente la confrontación entre sus seguidores y los opositores, con el objetivo de evitar una medición político-electoral” como el referendo.
El documento, además, conlleva atribuciones en materia económica, con las que Maduro puede, entre otras cosas, manejar el presupuesto sin contraloría e intervenir empresas y bienes privados para combatir el desabastecimiento.
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