El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, afirmó ayer que los tres diputados opositores impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que a pesar de ello tomaron posesión de sus cargos, pidieron ser desincorporados de la Cámara para asumir su defensa.
Esta decisión supone un paso atrás para la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al acatar la disposición del máximo tribunal de mayoría chavista, que ordenó declarar como nulas todas las decisiones del congreso mientras no se revoque la juramentación de los tres representantes. “Llegó una correspondencia suscrita por los diputados Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, que son los diputados cuya desincorporación solicita el tribunal, expresando que ellos piden ser desincorporados de la Cámara para defenderse judicialmente y evitar que con esta maniobra el TSJ haga nula la actividad de la Asamblea Nacional”, dijo Ramos Allup.
La decisión fue ratificada ayer por la Asamblea Nacional, lo que podría librarla del desacato. Sin embargo, la decisión significa que los parlamentarios opositores todavía no podrán ejercer la supermayoría de dos tercios que habían obtenido en los últimos comicios y que le permitía aplicar profundas reformas,incluyendo convocar a elecciones presidenciales anticipadas. La entidad tuvo que suspender el martes su tercera sesión, en medio de las turbulencias desatadas por el caso. El oficialismo había advertido que de no acatarse la sentencia del TSJ la Asamblea podría incurrir en una “omisión legislativa” que abría el camino a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para asumir las funciones del Congreso.
“La institución está asediada desde adentro y desde afuera con todos los poderes encima, que pretenden con decisiones burocráticas unas del Ejecutivo y otras judiciales (...) eliminar la voluntad popular”, enfatizó Ramos Allup.
En la misma sesión, la diputada Adriana D’Elia (MUD) presentó un proyecto de Ley que establece la apertura de la frontera con Colombia, cuyo cierre afecta a 24 municipios fronterizos, que se encuentran bajo el Estado de Excepción desde agosto.
La orden fue dirigida al presidente Maduro y al Ministerio de la Defensa. También fue solicitada a la Fiscalía una investigación por las violaciones a los derechos humanos en el país.
Mensaje a la nación
El retroceso de la oposición parece dejar sin efecto la posibilidad, asomada el martes por la bancada chavista de eximir a Maduro de presentar su mensaje a la nación desde la sede del Poder Legislativo, como ordena la Constitución. “Es aquí donde debe rendir su informe, no en la esquina”, advirtió Ramos Allup.
El diputado Edgar Zambrano informó ayer, en la sede de la Asamblea Nacional, que el mandatario asistirá a dicho recinto el viernes, donde deberá presentar la Memoria y Cuenta 2015.
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