POR CONSUELO MEJÍAS SMITH
Funcionando normal y a plena capacidad está operando la Clínica Alemana de Puerto Varas, que fue declarada en quiebra en noviembre de 2012. Para este jueves está fijada la primera junta ordinaria de acreedores, ocasión en la que los asistentes deberán decidir si llaman a licitación para vender la compañía, luego que han aparecido más de tres interesados en este negocio.
De acuerdo con fuentes del mercado, serían “las tres principales isapres” las que han manifestado intenciones serias de compra, aunque no se descarta el interés de otros privados relacionados al negocio de la salud.
La administración actual, a cargo del síndico Patricio Jamarne, espera concretar la enajenación antes de que culmine este año, aunque por ley tiene establecido un plazo de hasta dos años para administrar.
Y es que la firma actualmente se encuentra en buen pie. Tiene un Ebitda anual por cerca de $ 1.000 millones, en circunstancias que al momento de declararse fallida la cifra era negativa en $ 2.000 millones. Se informó que los costos de operación del centro de salud bajaron en cerca de un tercio. Además, está operando en todas sus áreas, incluyendo urgencias, la principal preocupación de la ciudadanía, ya que no cuentan con otro recinto que brinde ese servicio.
Cómo se gestó
La mala administración fue clave en la quiebra de la Clínica Alemana de Puerto Varas.
El grupo de colonos que controla el ex Hospital San José, trabajó con la asesoría del Banco Internacional y Banmerchant, en la búsqueda de socios. También participó el estudio Aninat Schwencke & Cía. Y si bien lograron interesados, entre los que se cuenta el grupo MasVida y la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia -entre cuyas filiales está la Clínica Alemana de Santiago-, las tratativas no llegaron a buen punto.
Así fue como la Fundación Hospital San José de Puerto Varas, que opera la institución de salud, presentó la quiebra a comienzos de octubre del año pasado.
En esa ocasión la entidad indicó que “las circunstancias que determinan el mal estado financiero (...) se enmarcan dentro del plan de crecimiento”.
El proceso involucra a otras dos sociedades (inmobiliaria y de servicios ambulatorios) que están en poder de la citada organización.
Acreedores
Los principales acreedores son Comercial Kendall (Chile), el Banco Santander Chile y la Tesorería General de la República.
La institución al momento de la quiebra tenía unos 390 trabajadores, de los cuales 345 están representados por el abogado y ex superintendente de Quiebras, Rodrigo Albornoz, quien presentó una demanda por $ 2.700 millones.
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