DOLAR
$966,50
UF
$41.268,88
S&P 500
7.688,73
FTSE 100
10.836,62
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
167.330,56
Dólar US
$966,50
Euro
$1.085,35
Real Bras.
$177,02
Peso Arg.
$0,62
Yuan
$144,82
Petr. Brent
95,11 US$/b
Petr. WTI
88,58 US$/b
Cobre
6,42 US$/lb
Oro
4.075,60 US$/oz
UF Hoy
$41.268,88
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍEl exmiembro de la comisión que buscó ver formas para impulsar este mineral, defiende que se mantenga como elemento no concesible.
Por: Tomás Vergara P.
Publicado: Martes 19 de diciembre de 2017 a las 04:00 hrs.
Luego que la comisión presidencial que analizó el marco regulatorio y formas para impulsar el litio, donde se recomendó mantener su carácter de no concesible y que fuera el Estado quien se encargara de explotarlo, el gobierno anunció que sería Codelco el encargado de llevar adelante el proceso.
Sin embargo, la búsqueda de un socio no ha estado exenta de dificultades y hoy se encuentra paralizada luego de que el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que requiere la estatal, fue retirado por el Ministerio de Minería.
El jurista Cristian Quinzio, de Quinzio Abogados, sostiene que en Chile hace falta un procedimiento claro para el otorgamiento de este tipo de permisos para aquellas pertenencias de litio que fueron entregadas después de la Ley de Minería de 1979.
“Necesitamos un procedimiento con reglas claras para todos en la asignación de un CEOL, y decidir si se va a realizar a través de licitaciones públicas, solicitudes o a dedo”, dice.
Agrega que debe existir mayor claridad respecto a las cuotas autorizadas a las empresas y de cuál será la política para otorgarlas, aunque sostiene que no es partidario de este tipo de mecanismo y lo califica como “antieconómico”. Aclara que “si queremos dejar algo de litio para que el Estado lo pueda aprovechar en el futuro, hablemos de la reserva de litio, y que un porcentaje de eso, entre un 10% y 15% queden para el Estado”.
Respecto de las críticas que han surgido en torno al proyecto de Codelco, el abogado explica que el permiso dado por la CChEN no es ni más ni menos que el que se otorgó en 2012 en medio de la licitación fallida que organizó el gobierno.
“La CChEN otorga un permiso abierto para que quien se adjudique el CEOL pueda explotar litio en cualquier parte, sin mayores exigencias, ese es un permiso muy similar al que se le da a Codelco por el litio”, dice.
Para lograr que la explotación de Maricunga se desarrolle, sostiene que la Corporación tendrá que tender puentes con alguno de los propietarios que están en el Salar, uno de ellos es SQM, que ya quedó fuera de su búsqueda por el litigio que mantiene con Corfo, “pero algún día se tendrá que fallar o arreglar, porque SQM seguirá con su propiedad ahí”.
Respecto a los cambios que se piden para quitar la condición de no concesible al litio, explica que esto tendría un efecto contrario a darle más dinámica al mercado, porque existiría una superposición de concesiones que no permitiría aprovechar la riqueza en los salares. Y si bien el principal argumento para mantener esta decisión ya no es el tema de la fusión nuclear, sí lo es el dar valor agregado a las exportaciones de litio.
“Se da una oportunidad a Chile de hacer un desarrollo distinto al de la minería metálica, que busca dar mucho más valor a la producción de litio. Corfo en la licitación de Albemarle habla de generar litio en grado batería al 2022, que es un salto cualitativo muy importante y que nos posiciona en un estándar mayor”, remata.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.