Jéssica Esturillo O.
Las dos licitaciones de suministro eléctrico para consumos regulados que el gobierno inició en junio son decisivas porque determinarán la evolución de las cuentas de luz del 93% de la población durante los próximos once años.
Hasta ahora el panorama de las subastas no luce auspicioso. Las generadoras han puesto en duda su participación en estos procesos ya que las proyecciones apuntan a que el panorama de precios seguirá incierto durante un tiempo más, por las restricciones legales y sociales para instalar nuevas centrales eficientes, lo que hace no aconsejable comprometer la producción a un precio inferior que el que refleja el costo de operar la unidad más cara del sistema, el famoso costo marginal.
Este panorama tiene en duda el descelance de estos procesos, la probabilidad de que queden desiertos, especialmente el que va desde 2016 - 2018, es alta y de suceder sería un duro traspié para el Ministerio de Energía.
Y aunque públicamente el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, declaró que hasta el momento no se han puesto en ese escenario y trabajan para que las licitaciones se adjudiquen, otras fuentes de gobierno dicen que en el Ejecutivo hay preocupación por los alcances de esta situación, en particular lo referido a que cualquiera de las opciones que tienen disponibles se hará sentir en las cuentas de electricidad de la población. Es en la intensidad de este impacto donde la autoridad puede incidir.
Postergar o suspender
Conocedores de la situación dicen que el monitoreo del tema escaló desde la cartera de Energía hasta La Moneda y que entre las alternativas para evitar este incremento tarifario, que sería gradual para alcanzar un tope en 2016, estarían postegar o incluso suspender las licitaciones.
Un ejecutivo de la industria aegura que en el corto plazo la autoridad tiene espacio para evitar lo más posible el traspaso de los mayores precios de la energía a los usuarios finales.
Primero, si la licitación logra ser adjudicada es inevitable que las cuentas suban, aunque en lo inmediato el peso que los nuevos contratos tienen en el volumen total de consumos regulados es menor, pero se iría incrementando.
Este cuadro empeora si el gobierno aplica una fórmula de indexación total o parcial a costo marginal (que ahora duplica el monto propuesto en las bases) durante los primeros años de esos compromisos.
Del Campo dijo hace algunos días que este cambio en la estructura de indexación de las ofertas de las generadoras ya no es una posibilidad para la primera licitación, que comprende el período 2013 - 2024 porque el período de consultas ya concluyó, mientras que en la segunda, que va de 2016 a 2018, donde las preguntas finalizan a mediados de septiembre, esta posibilidad no ha sido planteada por las generadoras. Un ejecutivo de esta industria, dice que esta subasta es menos atractiva que la primera, porque representa un período muy corto.
Aunque la ley dice que las distribuidoras deben tener asegurado su suministro tres años antes del término de sus contratos, si llegan a quedarse sin ellos igual reciben abastecimiento.
Es este principio el que ayudaría a contener un alza brusca de las cuentas de luz, al menos en lo que queda de este gobierno, ya que como sucedió con los suministros de la generadora Campanario tras su quiebra, y como lo sugirió la autoridad eléctrica en un oficio reciente donde hace referencia a qué hacer cuando una distribuidora no tiene contratos, la diferencia entre el precio regulado y el costo marginal al que se retira la energía del sistema es cubierto por las generadoras. En la industria advierten que esta solución no es la panacea, pues amenazaría la continuidad de las operadoras más pequeñas.
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