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REGÍSTRATE AQUÍDos años en el cargo lleva Jorge Bermúdez y su gestión no ha dejado a nadie indiferente en el sector público y privado.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 29 de diciembre de 2017 a las 04:00 hrs.
Aunque en la industria dicen que es común que exista tensión entre quien ejerza como contralor general de la República y el Poder Ejecutivo, con la llegada de Jorge Bermúdez esto parece haberse intensificado. Y es que este abogado de la Universidad Católica de Valparaíso le tocó asumir en un momento que le dio la oportunidad para posicionar una agenda de probidad, donde además se impulsó la Ley 20.880 -que busca regular los intereses en la gestión pública- que le dieron más potestades al organismo que dirige.
En el mundo legal destacan que Bermúdez ha sido muy franco a nivel público. De paso, además, ha quebrado esquemas, donde uno de los casos más emblemáticos que impulsó fue una auditoría con partes relacionadas a Codelco, lo que lo tiene hoy litigando en tribunales.
También ganó un espacio con el caso de las pensiones de Gendarmería y hasta con el rechazo al denominado decreto espía del subsecretario Mahmud Aleuy.
Además, bajo su administración se le ha dado un nuevo aire a las auditorías, también ha sido determinante con dictámenes en el área urbanística y medioambiental, además del uso de recursos públicos, tanto por organismos del Estado como privados. 
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.