Un nuevo veto a un proyecto aprobado en el Congreso presentó ayer el Ejecutivo, desatando la molestia de los parlamentarios. Se trata de la iniciativa que busca promover la inversión aprobada el pasado 27 de agosto. La iniciativa tenía como objetivo corregir una serie de aspectos que retrasan los proyectos de inversión, disminuyendo plazos de tramitación y eliminando la incerteza jurídica.
Sin embargo, fue un artículo nuevo propuesto por el gobierno el que gatilló el conflicto, el que apuntaba a establecer el carácter vinculante de las respuestas a las denominadas consultas de pertinencia de ingreso al sistema ambiental, reconociéndoles rango legal.
Pero en su paso por el Congreso, la idea sufrió diversos cambios. En concreto, junto con asignar un reconocimiento de rango legal, estableció que las respuestas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a dichas consultas no serán vinculantes en caso alguno.
En el escrito presentado por el Ejecutivo, se asegura que, al no ser vinculante, la respuesta que entregue el SEA será indiferente frente a la Superintendencia de Medio Ambiente, a los Tribunales Ambientales y a la Corte Suprema. “Lo anterior se traduce en que se resta certeza jurídica a los titulares de inversión”, dijeron.
La arremetida del gobierno provocó molestia en la oposición. Según el senador Guido Girardi, “el gobierno quiere que la decisión del SEA sea vinculante y la SMA no la pueda revisar para permitir que muchas empresas contaminantes hagan una simple declaración y no un riguroso Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.
El también integrante de la comisión de Minería anunció que la próxima semana el senador Alfonso de Urresti, quien es presidente de la comisión de Constitución, “pondrá en tabla el proyecto de delito ambiental”. Además, Girardi indicó que junto a los otros dos senadores de oposición -Álvaro Elizalde y Yasna Provoste- enviaron una nota al presidente de la instancia, Rafael Prohens, pidiendo “votar tal como está, sin acuerdo alguno, el proyecto de protección de glaciares”.
Mientras, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, recalcó que el veto es “absoluta y totalmente técnico para dar certeza jurídica sobre las inversiones y aquellas que tengan que ver con cuestiones ambientales”.
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