En 2013 la opinión pública se enteraba de un gallito entre el mítico empresario y controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y la Corfo, porque un joven arquitecto del Sistema de Empresas Públicas (SEP) hizo saltar las alarmas: Había anomalías en los pagos por el arriendo del Salar de Atacama y la explotación de litio.
El caso tuvo enfrentado al Estado de Chile durante cuatro años con la minera no metálica en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago por incumplimiento de contratos y se cerró recién en diciembre del año pasado (ver recuadro).
El entonces arquitecto del SEP, Leonardo Valenzuela (40) descubrió esta inconsistencia casi por casualidad. En 2004, tras probar suerte en distintos proyectos inmobiliarios, se había animado a probar suerte, postulando al cargo de ejecutivo de activos prescindibles en el SEP.
Tras ganar el concurso, Valenzuela comenzó a cimentar su carrera en el ámbito público. En esa época el SEP era el encargado de custodiar y gestionar los recursos de Corfo: activos financieros, activos inmobiliarios que se declaran imprescindibles y activos mineros.
En 2006, sin dejar la labor por la que había llegado al SEP, el arquitecto se hizo cargo de los activos mineros, tema en el que no contaba con expertise. Pero no se amilanó y asumió el desafío.
“Señor Litio”
Así, de manera absolutamente autodidacta, comenzó a estudiar contratos de distintos proyectos que estaban en manos del SEP y, a partir de ese momento, en las suyas: el proyecto de carbón Isla Riesco; el contrato entre SQM y la Sociedad Chilena del Litio (hoy Albemarle); el Yacimiento de Hierro Boquerón Chañar y el Yacimiento de Plomo y Zinc, entre otros. Fue en este proceso, que le tomaba varias horas al día –muchas veces debió llevarse trabajo para la casa-, que comenzó a tomar preeminencia el estudio del litio.
Armó un pequeño equipo con profesionales que durante los años ’60 y ’70 trabajaron en el llamado Comité de Sales Mixtas. Lo que buscaba Valenzuela era comprender la industria del litio desde sus orígenes. Y es en esa época -entre los años 2009 y 2010-, cuando comenzó a interiorizarse de los aspectos financieros de la explotación del litio y de los contratos, que detectó las primeras anomalías en los cálculos de pago de la renta de arrendamiento de SQM a Corfo.
Según recuerda el “señor Litio” –apelativo que se ganó por ser quien más sabe del tema, según sostienen sus compañeros de Corfo- “no cuadraban los números respecto de lo que realmente había pagado SQM”. Estallaron las alertas.
A tiempo completo
En 2010 su pequeña unidad se trasladó a Corfo, dependiendo de la Gerencia de Administración y Finanzas, y a los temas a su cargo se les dio el carácter de estratégicos; por lo que la alerta tomó una dimensión mucho mayor, pues a partir de ahí se resolvió realizar una auditoría, a cargo del entonces fiscal del organismo, Marco Riveros. La que no hizo más que confirmar las sospechas, corroborando la existencia de una importante diferencia en los pagos de SQM a Corfo.
En 2012 Riveros inició conversaciones con SQM para solucionar todas las situaciones anómalas detectadas, lo que derivó en el proceso de arbitraje iniciado en 2013 y que se prolongó hasta diciembre del año pasado. Así se fue consolidando el apodo de “señor Litio”, con el que se conoce a Leonardo Valenzuela –quien bromea con que tanta entrega al trabajo lo tiene soltero-, quien incluso ha sido invitado a las comisiones investigadoras que la Cámara de Diputados ha conformado sobre el tema, justamente porque es quien conoce el problema desde su origen.
Tras una reestructuración que realizó el nuevo vicepresidente de la entidad, Sebastián Sichel, en que dividió la Unidad de Activos Mineros en dos -la de Gestión de Activos y Proyectos Especiales y la Unidad para los Contratos de Litio-, Valenzuela se dedica por completo a esta labor.
Las claves del acuerdo
Con el acuerdo de conciliación y firma de la modificación de los dos contratos entre Corfo y SQM a fines del año pasado se definieron nuevas reglas para la minera. Ésta se comprometió a una serie de condiciones, entre ellas, a cambiar la estructura de su gobierno corporativo y a aumentar el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle. Además se acordó que SQM aportará recursos a la Región de Antofagasta y a las comunidades locales, también a investigación y desarrollo, y se mantendrá una opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile destinado a agregar valor al litio.
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