DGA inicia proceso para regularizar pago de patentes por no uso de derechos de agua
El organismo del MOP obligará a los titulares de estas licencias a inscribirlas en el Conservador de Bienes Raíces lo que activa el cobro y anula la evasión. Hace unos días la Contraloría validó este criterio.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 21 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
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El 61,5% de los titulares de derechos de agua afectos al pago de patentes por no uso de estas licencias en 2013 no cumplió con esta obligación. Esto impidió que casi el 25% del monto total a recaudar el año pasado y que rondó los US$ 75 millones, entrara a las arcas fiscales.
El abogado y ex titular de la Dirección general de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, comentó que estos niveles de morosidad son muy altos, especialmente al compararlos con cualquier otro impuesto como el de bienes raíces.
Para obligar a este pago, así como para regularizar los listados de usuarios de licencias afectas a este impuesto, la DGA inició un proceso que fue impugnado ante la Contraloría General de la República sin éxito, ya que esta repartición hace algunos días validó el actuar del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En la DGA explicaron que esta evasión ha sido posible porque los titulares de derechos no los inscriben ante el Conservador de Bienes Raíces (CBR) lo que es requisito para que la Tesorería exija el pago o bien ordene el remate de las licencias de aprovechamiento. Para cambiar esta situación el director general de aguas, Francisco Echeverría, determinó aplicar el artículo 150 del Código de Aguas que establece la obligación de inscripción ante el CBR. Si este requisito no se cumple se podría solicitar incluso la aplicación de multas de hasta 20 UTM, según establece la normativa.
Oficios
Para hacer operativo este nuevo procedimiento la DGA cruzó la información de los derechos que no tenían información y se estableció que cerca de dos mil no tenían registro. De ellos se ofició a los 300 que tienen los mayores caudales asociados y se les dio un plazo de 30 días para regularizar esta situación.
Cumplido ese plazo, la mayor parte de los involucrados proporcionó su información o pidió una prórroga, salvo 28 titulares que hicieron una presentación a la Contraloría para impugnar este procedimiento porque la DGA estaría excediendo sus atribuciones, lo que el organismo finalmente rechazó.
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