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Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2015 a las 04:00 hrs.
Para el próximo 26 de junio quedó agendada la audiencia del caso Bilbao, luego de que la Securities and Exchange Commission (SEC) y las defensas de Juan Bilbao y Tomás Hurtado pidieran aplazar la cita que estaba programada originalmente para el 29 de mayo.
El juez de la causa, Richard Sullivan, ordenó además que las defensas envíen sus cartas con sus argumentos hasta el 10 de junio próximo, junto con su razonamiento sobre el levantamiento del congelamiento de los activos de ambos acusados (que suman US$ 42 millones).
En tanto, la corte estableció que la SEC deberá contra argumentar a Bilbao y Hurtado el 17 de junio.
Hace unas semanas la defensa de Bilbao presentó parte de sus argumentos a la corte, señalando que no correspondía la demanda por la extra territorialidad del alcance de la ley de valores y segundo, porque hay una "falla al hacer su petición" al no explicar las particularidades que se requieren en estos casos.
Además, pidió que se levante el congelamiento de los activos o que en su defecto, se disminuya el monto, para lo cual quedó de presentar "un documento de un experto económico que analizará el monto apropiado de ganancias atribuibles".
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.