Economía y Política
“Violencia tiene a La Araucanía sin inversión extranjera hace 8 años”
A su juicio, el principal costo social es la sensacion de impunidad que se ha instalado en la zona.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 7 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Sebastián Lago
El atentado ocurrido el viernes pasado en Vilcún, expuso de la manera más cruda el denso clima existente en esta zona del país.
Estos hechos de violencia conllevan costos más allá de los meramente sociales. Así lo explica Claudia Hernández, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), quién ahonda además en el impacto económico de este tipo de acciones. “Es una región que hace 8 años no recibe inversión extranjera”, grafica Hernández.
A juicio de la investigadora, la responsabilidad en este tipo de eventos recae en el Poder Judicial. “Hay poderes del Estado que no están cumpliendo su rol, no están encontrando culpables”, subraya lo que agrega “ha generado una sensación de impunidad”.
Desde el regreso a la democracia, los hechos de violencia en La Araucanía han mostrado tres alzas: en 2000-2001, a partir de 2008-2009, tendencia que continuó en 2011 y se agudizó en 2012.
Las políticas de Estado orientadas a aminorar estos focos de conflicto se centraron entrega de tierras, calificada por Hernández como “altamente ruralizante”, ya que la mayoría de la población mapuche reside en la ciudad, no en el campo.
“Cuando el 70% vive en la zona urbana, hay que enfocarse en estas zonas, mejorarles la calidad de vida, pero no enfocarse en esa visión ruralizante que existe”, aseveró la experta de LyD.
Ley Indígena y violencia
La Ley Indígena N° 19.253 fue promulgada el 5 de octubre de 1993 por el ex presidente Patricio Aylwin y tiene como eje fundamental la entrega de tierras hacia las comunidades mapuches. Por otro lado, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) busca “reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) mediante instrumentos de apoyo”. El 50% de su presupuesto está destinado a la compra de tierras mediante el Fondo de Tierras y Aguas.
A juicio de Hernández, esta política requerie modificaciones. “Cambiar tierras por paz social aumentó la violencia”, asevera. Y agrega que la solución sería “modificar las condiciones para comprar tierras, como no estar vinculado a hechos de violencia”.
Enfatiza que los grupos que generan violencia pertenecen a una minoría radicalizada con un trasfondo netamente ideológico. Junto con la Coordinadora Arauco-Malleco, también existen grupos como Wente Winkul Mapu, que más que tierras buscan autonomía política. Según Hernández, estos grupos buscan y justifican la violencia por lo que ellos llaman “represión” (ver recuadro).
Finalmente, la investigadora sostiene que la impunidad que se vive en la región de La Araucanía “tiene que ver con una sensación de que no hay Estado de Derecho en la zona y eso es preocupante”.
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