Finalmente, ayer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuestos 2021. En el documento, el Ejecutivo solicita autorización para endeudarse el próximo año por hasta US$ 21.000 millones en el mercado local o internacional, cifra a la que se le descuentan aproximadamente US$ 8.000 millones para refinanciamiento de deuda. De los US$ 13.000 millones restantes, US$ 5.000 millones se destinan a financiar el plan de emergencia por el Covid-19. Así, las emisiones nuevas ascenderán a US$ 8.000 millones este año, monto similar al solicitado para este año.
El mensaje también da cuenta de una serie de políticas de austeridad que implementará el sector público el próximo año, así como el resultado de la revisión de casi 700 programas sociales.
En este último punto, según Piñera, se logró disponer de recursos por un monto equivalente a un 10% de los valores consignados en la Ley de Presupuestos 2020 para ser gastados en “prioridades del país” el próximo año. “Con este proceso se logró revisar y priorizar el gasto existente, pero también se logró encontrar espacios de gasto fiscal para nuevas iniciativas que requieren de financiamiento”, aseguró el mandatario.
Adicionalmente, en el artículo 5 de la ley se establece un mecanismo de “control adecuado” para evitar un aumento en la dotación de funcionarios de los servicios públicos “sin respaldo presupuestario permanente”.
En el artículo 6 se regulan los procedimientos de licitación a los que estarán obligados los servicios públicos, estableciendo exigencias para asegurar “el respeto de las leyes laborales y previsionales por parte de las empresas e instituciones privadas que contraten con el Estado, o ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales”.
El artículo 17 crea un procedimiento de autorización para “analizar la procedencia y gasto producto de la afiliación o incorporación de los organismos públicos a diferentes organismos internacionales”, radicando dicha decisión en el ministerio del ramo previa autorización de Cancillería y Hacienda, “sujeto a la verificación de la disponibilidad presupuestaria”.
Las cuotas de afiliación a organismos internacionales fueron uno de los puntos que Hacienda y Dipres buscaron revisar en el marco del ajuste fiscal por US$ 2.500 millones realizado a partir de abril.
En tanto que el artículo 22 establece límites al gasto en comisiones de servicios, compra de pasajes, cantidad de integrantes de las comitivas de los ministros, se regulan los gastos en arriendos de infraestructura para actividades institucionales, y se establece la “obligación para los servicios públicos de efectuar todas las gestiones necesarias para recuperar los montos correspondientes a subsidios por licencias médicas dentro del plazo que se señala”.
Dichas medidas de austeridad y eficiencia también se aplicarán a las empresas estatales.
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