“Los datos levantados sirven, pero de todas maneras fue un mal Censo”
Destaca las similitudes con el caso La Polar porque en ambos casos, la principal falla se dio en la parte de control y auditoría.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 8 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
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Mientras la Unidad de Delitos de Alta Complejidad continúa con la investigación para determinar si hubo delito tras la polémica que envolvió al Censo 2012, y los posibles responsables, hay un tema que ha sido dejado, en cierta forma, de lado, a pesar de la relevancia que tiene para la elaboración de políticas públicas: ¿sirven los datos levantados en ese proceso? Según el director del Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Díaz, la información recopilada en el proceso que duró tres meses, y que fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) siguen siendo válidos, ya que todavía se puede considerar dentro de un rango aceptable, aunque evidentemente el objetivo de realizar “el mejor censo de la historia”, que se había propuesto el director del organismo FranciscoLabbé, no se cumplió.
“Si se toma lo que realmente se censó, se sincera cuántas casas sin moradores hubo, el Celade (Organismo Latinoamericano de Demografía) apoya los resultados y después se hacen las proyecciones, llegamos a la conclusión de que el Censo sirve, aunque de todas formas fue un mal Censo; el problema es que si uno entrega los resultados como se hizo -dando por censado a la población estimada-, se distorsiona la base para los índices que lo incluyen”, afirma Díaz, quien agrega que si el organismo “hubiera sido transparente, y hubieran reconocido que no alcanzaron a censar todo lo que se habían propuesto, esos datos servirían, pero el problema es cuando se trata de ocultar parte de la información”.
Concidencias con La Polar
Aunque se trata de casos totalmente distintos, Díaz destaca las similitudes que existen con el caso La Polar. Y es que en ambas situaciones, la principal falla se dio en la parte de control y auditoría tanto del retailer como en el caso del INE.
Si bien en el caso de las empresas privadas existe un auditor interno, además de las auditoras externas, en el caso de la compañía entonces liderada por Pablo Alcalde -al igual que en muchas empresas- la función de auditoría depende de la administración, entonces no existe independencia real para detectar irregularidades.
“Si tengo una auditoría interna débil dentro de una organización, sea cual sea su naturaleza, y no tengo un encargado en prevención de delitos que revise bien, tengo una alta probablidad de que las personas que quieren manipular datos o incluso robar dentro de las instituciones lo pueden hacer sin ningún contrapeso. Si un gerente de una empresa quiere engañar a los directores, tiene todas las posibilidades para hacerlo porque el directorio se reúne una sola vez al mes y no tiene forma de verificar”, señaló el facultativo de la Universidad de Chile, quien puntualizó que esta función debería ser una especie de brazo armado para los directores, para que se pueda cumplir con el rol de fiscalizar a las gerencias cuando existe sospecha de una irregularidad.
Auditoría es como el brazo armado de los directorios que revisan lo que hacen las gerencias cuando hay sospechas. “Y en el Estado pasa exactamente lo mismo, estas funciones las cumplen personas que dependen del jefe de una repartición o cartera; no tiene sentido”, comentó.
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