Por Claudia Betancourt M.
En medio de las negociaciones entre el gobierno y representantes de organizaciones mapuche, sociales y políticas, La Moneda estudia apoyar un proyecto de ley que establece normas sobre la participación y representación de los pueblos indígenas en el Congreso con el fin de implementarlo en un breve plazo.
Lo anterior, como parte de un paquete de iniciativas que permita mediar en el conflicto mapuche entre los que se cuentan los anuncios que efectuó durante la semana el presidente Sebastián Piñera respecto al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la creación de un consejo que sea representativo de la tradición y la cultura de las etnias.
El proyecto pertenece al diputado Eugenio Tuma (PPD) y se titula “Modificaciones a la Constitución Política estableciendo normas sobre la participación y la representación de los pueblos indígenas”. La iniciativa establece una reforma a la disposiciones sobre la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, generando 10 cargos de diputados y 4 de senadores. Estos cupos serán llenados por representantes de los distintos pueblos indígenas a lo largo de todo el país, en base a una elección simultánea con la elección parlamentaria.
Los electores serán las personas pertenecientes a cada etnia, en base a un Registro Electoral Indígena, del que estará a cargo el Servicio Electoral cuya regulación queda en mano de una ley orgánica.
Representación parlamentaria
En el caso de los diez diputados uno de ellos será electo por el pueblo Rapa Nui; cuatro de los pueblos Aymará, Quechua, Atacameño, Coya y Diaguita; y cinco por el pueblo Mapuche, Kaweskar y Yámara, de conformidad a lo dispuesto en la ley orgánica constitucional respectiva.
Al Senado se sumarán cuatro legisladores, uno en representación del pueblo Rapa Nui; uno de los pueblos Aymará, Quechua, Atacameño, Coya y Diaguita; y dos por los pueblos Mapuche, Kaweskar y Yámara. Para ocupar esos cargos se requerirá ser representante de los pueblos indígenas.
De esta forma, estos diputados y senadores tendrán las mismas atribuciones, derechos y obligaciones del resto de los parlamentarios.
El proyecto también establece modificaciones a las normas que regulan la conformación de los consejos regionales y de los concejos municipales, creando cupos supernumerarios que permitan asegurar a representantes indígenas en regiones. La misma institución debería ser creada en las comunas en que exista más de un 25% de población indígena censada.
Padrón separado
Al respecto, el diputado Eugenio Tuma sostiene que “vemos una apertura del gobierno a decidir sobre estos temas”. Profundiza con que su propuesta postula que esos cargos se voten en un padrón separado. “Los que sientan de algún pueblo originario se inscriben en un padrón separado”, dice.
Es más, plantea que la puesta en marcha de esta propuesta no sería tan complicada, dado que la Conadi tiene identificada a todas las personas de las etnias y se podría traspasar esa información al Servicio Electoral. “De esta manera, el pueblo originario tendrá la libertad de votar por los candidatos convencionales o los representantes de pueblos originarios, no en los dos”, precisa.
Tuma sostiene que este proyecto devuelve un protagonismo que los pueblos originarios no han tenido en 140 años. “No se les consideró en ninguna de las instancias donde se toman decisiones en este país. Ellos no están en el Congreso ni en los consejos regionales, y muchas veces ni en los consejos municipales”.
Es más, argumenta que los “mapuche son más de un millón de personas y no tienen representación. El PC tiene entre 4% a 5% de votación y tiene 3 diputados, entonces no hay correlación frente a esta situación, ellos son mucho más importantes que algunos partidos políticos, así que tiene que tener representación no sólo en el parlamento sino que en todas las instancias en la toma de decisiones que la afecta”.
Lavín recibe propuesta de etnias respecto a Convenio 169 de la OIT
El Ejecutivo espera que comience a operar durante el primer semestre.
Luego de intensas conversaciones, representantes de pueblos originarios entregaron ayer en La Moneda una propuesta al reglamento elaborado hace seis meses por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El proceso, denominado como "consulta de la consulta", apunta a avanzar en el proceso de aplicación del polémico convenio. Por ello, dirigentes de varias etnias del país llegaron hasta Palacio para reunirse con el ministro Joaquín Lavín a quien le hicieron ver sus principales comentarios. A partir de esta entrega, el Ejecutivo lo revisará para reunirse nuevamente con representantes de las organizaciones indígenas con el fin de alcanzar un propuesta final.
El objetivo es en abril contar con la normativa escrita para ser enviada luego a la Contraloría para que opere durante el primer semestre
del año. Uno de los aspectos que establecerá la normativa se refiere a los proyectos de inversión en que un pueblo originario pueda verse afectado.
Entre los proyectos que actualmente se encuentran detenidos está "El Morro" perteneciente a una de las mayores mineras auríferas de Canadá, Goldcorp, que aunque obtuvo las aprobaciones ambientales, un dictamen de la Corte Suprema arrojó que no se consultó a todos los indígenas afectados, por lo que su tramitación se detuvo para cumplir con el Convenio 169.
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