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Publicado: Lunes 25 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.
Pese a que inicialmente recibió el espaldarazo del ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien lo ratificó como su jefe de gabinete, finalmente el escándalo de las platas políticas y el rol del denominado G90, le pasó la cuenta a Gabriel Sepúlveda.
Claro que la reubicación de este último como jefe de la división de Acceso y Equidad Energética del Ministerio, área encargada de velar por la correcta asignación y ejecución de recursos económicos que la cartera destina fundamentalmente a programas sociales, y la designación en su reemplazo del también PPD Miguel Fernández, no es el único cambio en las oficinas de los pisos 13 y 14 del edificio Santiago Downtown II, a pasos de La Moneda.
Según explican, en pos de evitar la duplicación de responsabilidades y tener así una gestión más eficiente, el titular de Energía también decidió fusionar en una división deno minada Mercado Energético, dos áreas claves de la cartera: combustibles y electricidad, la cual quedó en manos de María José Reveco.
La decisión que no tiene del todo conforme al sector privado, implicó a su vez la salida del que sería el último funcionario de planta que había en el ministerio, José Antonio Ruiz, quien fue trasladado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.