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REGÍSTRATE AQUÍEl oficio solicita también "evaluar el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional".
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 2 de noviembre de 2015 a las 16:01 hrs.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, ofició hoy al Consejo de Defensa del Estado para evaluar el posible perjuicio fiscal que se pudiese derivar del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia en contra de las Empresas CMPC y SCA Chile por prácticas colusivas.
Se solicita "evaluar el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional u algún otro perjuicio en contra del interés fiscal que pudiese surgir del estudio solicitado", afirma el oficio enviado hoy al CDE.
"Se requiere poner en conocimiento de esta Subsecretaría el resultado del análisis encomendado así como las medidas que, en su caso, correspondería adoptar", añade el texto.
Cabe mencionar que hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, valoró las disculpas públicas que hizo el dueño de CMPC, Eliodoro Matte, tras conocerse la denuncia por colusión en el rubro del papel higiénico.
Eso sí, el jefe de las finanzas públicas, recalcó que ello no obsta que las investigaciones sigan su curso.
"Siempre tenemos que valorar algo como lo que hizo el señor Matte de pedir perdón, pero también aquí hay instituciones funcionando", dijo la autoridad tras participar del comité político en La Moneda.
"Lo que corresponde que las instituciones se hagan cargo de esto más allá de declaraciones de los participantes", agregó.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.