A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, apenas un 43% de los funcionarios públicos posee el suficiente nivel de conocimiento de cómo cumplir con la normativa y por ende, orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.
Así lo arrojó el primer Índice de Transparencia y Acceso de la Información elaborado por el Consejo a cargo de velar por el cumplimiento de la ley.
El desconocimiento por parte de los funcionarios públicos, sin embargo, es sólo uno de los “factores determinantes” a la hora de evaluar cuánto se ha avanzado en la implementación de la política pública sobre transparencia y acceso a la información, y que de acuerdo al índice alcanza a un 38%.
Este último valor, explicó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) Jorge Jaraquemada, si bien constituye un avance “significativo y relevante” cuando se trata de una política pública que apunta a un cambio cultural que según la experiencia internacional puede tardar varias décadas, también es “insuficiente”, pues revela que “tenemos que seguir avanzando mucho más para poder hablar que tenemos un proceso de implementación que está cristalizado en la sociedad chilena”, sentenció Jaraquemada.
El índice también muestra un “bajo nivel de conocimiento ciudadano” (8%), versus un alto grado de satisfacción (98%) y valoración (75%) entre quienes han usado la ley.
El bajo desconocimiento de la ley, suponen a juicio de Jaraquemada, un desafío para “hacer un mayor esfuerzo para difundir masivamente a la ciudadanía el derecho al acceso como una herramienta eficaz en función del control social de lo que dicen o hacen las autoridades y sobre todo una herramienta eficaz en la participación”.
El director de Estudios del CPLT, Eolo Díaz-Tendero explicó que el índice “no es una encuesta”, sino que una mezcla de distintas variables e instrumentos.
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