Pasado mañana miércoles, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición de la opinión pública un sistema de información a través del cual se tendrá acceso a conocer las reuniones que las autoridades nacionales han sostenido con diversos grupos o empresas para abordar temas del interés de sus representados, es decir con lobistas.
Así se conocerá el efecto de la aplicación de la polémica Ley de Lobby -que apunta a transparentar la forma cómo se toman las decisiones y quiénes influyen en ellas- tras sus primeros tres meses de vigencia.
La normativa comenzó a regir el 29 de noviembre de 2014 y los primeros pasos en la aplicación han sido tan difíciles como su larga tramitación. Fue el consejero del Consejo para la Transparencia Marcelo Drago quien hizo un punto, estableciendo que la actual normativa es más bien un "registro" y que hay que seguir avanzando en su perfeccionamiento. Una de las principales críticas que se le hacen a la ley es que el peso de la responsabilidad recae sobre el sujeto pasivo, es decir, quien accede a aceptar una reunión. De ahí que algunos sostengan que si bien una Ley de Lobby es un gran paso, se requiere seguir perfeccionando el sistema.
Así lo que la opinión pública podrá conocer a partir de este miércoles 3 de febrero, en el Portal Infolobby, es la información acerca de las reuniones que han sostenido, la mayoría de las autoridades del aparato público y Parlamento, con quienes "representen, promuevan o defiendan derechos particulares", más conocidos como lobistas –en el caso de que reciban un sueldo por su labor- o gestores de intereses particulares –si no se les paga por el trabajo.
La referida información por parte de los lobistas o gestores de intereses queda registrada en un formulario que deben llenar obligatoriamente al solicitar audiencia con una autoridad. En el documento se deben detallar las materias que se abordarán en la reunión; personas o entidad a la que representa; quienes asistirán a la reunión; y, aclarar si recibe o no remuneración por la actividad que realiza. Por su parte, las autoridades deben entregar la información acerca de los encuentros de este tipo que han sostenido. De este modo, algunos críticos de la norma vigente, como el propio consejero Drago, estiman que se avanza un poco más en poner el foco en el sujeto activo (lobista) y no sólo en el pasivo (autoridad).
Pero también existe la inquietud, sobre todo de parte de las empresas que asumieron su calidad de lobistas, respecto de aquellas entidades que sin reconocerse como tales ni menos inscribirse en el registro de lobistas practican la actividad de manera informal. A este respecto, en el Consejo para la Transparencia explican que de nada sirve tratar de eludir la ley no inscribiéndose, porque si piden audiencia ésta debe ser registrada por la autoridad. Eso sólo no ocurriría si fuera una conversación informal de pasillo.
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