Por Claudia Rivas Arenas
"Durante mi campaña vamos a elaborar propuestas concretas de cómo enfrentar las distintas aristas que tiene el centralismo en Chile. Pero yo quiero mencionar una sola en esta visita. Quiero comenzar por la designación que se hace desde Santiago de las autoridades regionales. Por eso, los intendentes –como autoridades regionales- deben ser elegidos por las personas que habitan en la región. Y quiero comprometerme con ustedes: si soy Presidenta, una de mis prioridades será la elección directa de los intendentes", ese era el compromiso que asumía Michelle Bachelet, el 24 de abril del 2013, en plena campaña presidencial, en un acto en Punta Arenas.
A partir de ese día, el debate sobre la necesidad de profundizar la democracia con una medida como la anunciada por la mandataria ha tenido distintas aristas, una de ellas el costo que significará para el Estado hacerse cargo de este proceso electoral. De ahí que el Instituto Libertad (IL) –ligado a Renovación Nacional (RN)- haya realizado un estudio sobre este aspecto de la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional.
Y aunque el proyecto que debe dar forma a esta figura será enviado al Congreso recién en diciembre, el IL se adelantó a poner esta arista en el debate público y según el informe elaborado, al fisco le costaría US$ 47.081.298 la elección directa de intendentes. Un monto al que se llega asimilando este proceso al de senadores y basándose en el límite del gasto electoral establecido para ellos, además de considerar el desembolso completo de la elección, incluyendo primarias, primera y segunda vuelta.
Esta ecuación contempla la competencia entre tres listas que representarían a la Nueva Mayoría, la Alianza y una tercera integrada por otras fuerzas políticas o independientes.
En el organismo autor del informe estiman que los costos que tendrá para el Estado no sólo la implementación del cargo, sino también la elección del mismo, y las facultades que pueda llegar a tener el intendente "cambia la forma de distribuir el poder dentro del país", por lo que debe ser visto como una política de Estado y no como una simple política pública.
Dudas a resolver
El documento elaborado por el IL también plantea las dudas que ha generado esta propuesta y que esperan se haga cargo el proyecto que debiera llegar al Congreso el próximo mes. Por ejemplo, ¿cuáles serán las nuevas funciones, atribuciones y competencias de los intendentes?, ¿mantendrá las actuales?, se pregunta el instituto apuntando a otra figura que surgiría a nivel regional que es el delegado presidencial.
Sobre este punto, IL plantea que es "importante delimitar las funciones", porque sería "inconveniente que tengamos a un intendente, elegido democráticamente, y a un delegado presidencial ejerciendo las mismas funciones, porque estaríamos pagando por dos estructuras del gobierno regional".
El informe también sugiere la necesidad de resolver otras inquietudes como cuál será la relación jerárquica entre el intendente y el delegado presidencial o si el intendente tendrá un presupuesto propio para los cuatro años que duraría su gestión.
Son todos cuestionamientos frente a un debate que está recién comenzando, y aunque algunas de las dudas representadas en el texto ya se han expresado en privado, en el mundo político ya hay quienes temen que un intendente electo sea una amenaza para los parlamentarios de la zona y que el Consejo Regional se transforme en un Congreso.
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