El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone establecer un Estatuto de Protección en favor del denunciante, creando un canal de denuncia anónima a través de una plataforma electrónica y que tendrá a cargo de su implementación y gestión a la Contraloría general de la República.
La iniciativa refuerza las medidas de protección del funcionario denunciante, estableciendo medidas de protección en favor del denunciante particular y sancionando la persecución u hostigamiento al funcionario.
El proyecto contiene un nuevo canal de denuncias de la Contraloría General de la República: se establece a través de una plataforma electrónica, en el cual, cualquier persona podrá denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, y hechos constitutivos de corrupción o que afecten recursos públicos, en los que tuviere participación un servidor público o un organismo de la administración del Estado.
Reserva de la identidad del denunciante, así como de la denuncia y los antecedentes acompañados de ésta: se garantiza el derecho del particular o servidor público denunciante a solicitar que su identidad permanezca reservada, desde el momento de la presentación de la denuncia hasta el cierre de los procedimientos que se inicien con ocasión de ésta.
Reforzamiento de las medidas de protección en favor del servidor público denunciante y establecimiento de medidas correctivas: el nuevo sistema que se promueve ofrece más de una alternativa idónea para la recepción de denuncias administrativas, con un mecanismo de protección distinto, según cual sea la necesidad de tutela del denunciante.
Establecimiento de un deber de denuncia aplicable a todo servidor público y de sanción de destitución para el funcionario público que ejerce acciones de hostigamiento en contra del denunciante o testigo.
Asimismo, se modifica el Código Penal en lo referente al delito de denuncia calumniosa.
Según cifras de Contraloría, anualmente son recibidas 15.598 denuncias y sugerencias de fiscalización, un 24% de los casos son presentados por funcionarios públicos, esto equivale a 3.791 casos anuales y aproximadamente 315 casos mensuales. Adicionalmente un 35,7% de los casos totales recepcionados solicita reserva de identidad, esto es, 1.355 casos anuales y aproximadamente 112 casos mensuales.
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