Por Gonzalo Cerda
Desde el 31 de diciembre de 2012 que el artículo que define los incentivos de forestación en el Decreto de Ley 701 no está vigente. Por esta razón, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Eduardo Vial, instó a los parlamentarios a que aprueben el proyecto presentado en septiembre del año pasado para prorrogar por 20 años este incentivo. “Hasta ahora no tenemos el título segundo vigente y no rigen los incentivos a la forestación, no están funcionando, por lo que presentamos este proyecto para prorrogar y aprovechar de modificar algunas cosas”, explica Vial.
Con esto, agrega, se busca potenciar la reforestación en zonas de mayor erosión y de suelos más áridos, en que se necesita una protección mayor del suelo.
En esta línea, Vial emplaza al Congreso para que antes del invierno este proyecto sea aprobado. “No hay problema si la gente quiere adelantar trabajos de preparación de suelos o levantamiento de cercos, eso lo puede hacer. Hay un cierto riesgo pero me cuesta creer que los diputados no quieran aprobar esta ley, que es una herramienta que está orientada a los pequeños propietarios. Ya no va a ser como era antes, ya no va a ser para bonificar a las grandes empresas forestales, sino que para los pequeños y medianos propietarios y por eso me cuesta pensar que alguien se quiera oponer a esto”.
Respecto del impacto que podría tener la no aprobación del proyecto en la capacidad productiva del sector, Vial explica que Chile ya tiene plantado 2,6 millones de hectáreas, lo que sustenta el sistema productiva y asegura los US$ 6.000 millones que se exportan.
“Eso no está en riesgo, pero esta ley apunta a la pequeña y mediana propiedad que está ligada con la pobreza rural (…) tiene un objetivo social y ambiental para que los empresarios chicos puedan integrarse en este desarrollo forestal plantando para fines madereros sus tierras o incluso con otros objetivos de protección de suelos”.
De hecho lo que se contempla en el texto legal es que si algún propietario quiere plantar especies nativas, pueda hacerlo con el apoyo del Estado. Es más, se contempla que en el caso de alguna zona donde no se puede plantar un bosque productivo, y sí se puedan plantar arboles y arbustos que protejan el suelo, el Estado pague el 100% del costo de forestación al pequeño y mediano productor. De comprometerse a no cortar y mantener la superficie de protección, se contempla un pago de alrededor de
US$ 100 la hectárea por año.
Conaf a servicio público
De igual forma, se espera que en mayo próximo ingrese el proyecto que establece el traspaso de la Conaf a un servicio público, por lo que al interior de la entidad se encuentran trabajando, en conjunto con los funcionarios, en algunos cambios al texto que será presentado al Congreso. “Vamos a hacer modificaciones propias, había una crítica dura en el interior de la Conaf y lo que hemos hecho es conversar con los funcionarios para llegar con una ley un poco más fuerte, no es algo muy largo, la Conaf tiene una institucionalidad que hay que corregir, no hay que partir de cero, lo que va a definir son atribuciones y obligaciones”, explica.
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