Por C.Betancourt, A.Chavéz y V. Fuentes.
Una verdadera guerra se desató entre La Moneda y la oposición tras la confirmación del gobierno de retirar del trámite legislativo tres proyectos emblemáticos en materia de educación presentados por la administración de Sebastián Piñera: el de financiamiento de la educación superior, superintendencia de educación y la Agencia Nacional de Acreditación de la educación.
Las razones esgrimidas por el ministro vocero, Álvaro Elizalde, ratifican la decisión del Ejecutivo de imponer su sello ideológico en aquellos proyectos que constituyen el eje central del programa de gobierno de Michelle Bachelet, como es la educación. De acuerdo a los análisis de palacio, las iniciativas tal como están, no se identifican con los lineamientos que quiere imponer la Presidenta a sus reformas.
Es por ello, que concluido el “petit comité” de los días lunes de la mandataria con sus ministros políticos, el portavoz explicó los argumentos que tuvo el gobierno para decidir la suspensión de la tramitación legislativa de estos proyectos. “En primer lugar, contradicen los principios y pilares de la reforma educacional propuesta por la presidenta Bachelet. En segundo lugar, porque establecen estándares regulatorios insuficientes, para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y, en tercer lugar, porque están concebidos bajo esta visión de que la educación es un bien de consumo y no un derecho social”. El ministro fue más allá, y claramente precisó que la Presidenta se comprometió a una reforma integral y estructural,”a un nuevo modelo”, que difiere con las propuestas de Piñera.
“Revisar con calma”
La decisión de La Moneda fue respaldada ampliamente por los partidos de la Nueva Mayoría, incluso la determinación fue socializada, tanto con los presidentes de cada tienda, como con los parlamentarios del conglomerado en diversas instancias,como la reunión que la mandataria sostuvo con los parlamentarios en el Palacio Presidencial Cerro Castillo.
En esa línea, el gobierno estaría evaluando presentar una “gran proyecto”que contendría elementos de las tres iniciativas que serán retiradas. La precisión de la forma en que se hará fue explicada por la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, quien señaló que “lo que se ha anunciado es la suspensión de tramitación”, luego de que se cuestionara el retiro de iniciativas que no pueden ser desechadas por estar en trámite legislativo.
En este cuadro, la presidenta del Senado, Isabel Allende (PS), precisó que “efectivamente en la educación superior hay necesidad de revisar con calma la superintendencia y la acreditación”. Por su parte, el timonel de la Cámara, Aldo Cornejo (DC), dijo que “el Ejecutivo como poder co legislador, tiene todo el derecho a revisar ,suspender la tramitación de algún proyecto particular o de varios en general, con el propósito de acomodar ese proyecto a lo que el gobierno entrante ha planteado como programa”.
“Pasando la aplanadora”
Estos anuncios generaron la inmadiata reacción de los parlamentarios de la oposición, quienes ven con inquietud el retiro de estas iniciativas, no sólo porque significa que se pretende pasar “una aplanadora” a lo realizado al gobierno de Piñera, si no porque consideran que estos proyectos están en línea con el programa de Bachelet en materia de educación como es el fin al lucro y la supervigilancia en la educación superior.
De hecho, reclamaron que en la reunión del viernes pasado de la ministra Rincón,con los comités de senadores y diputados de la oposición, no fueron informados de la medida, a pesar de que este tema se abordó en el encuentro. Por ello,ayer enviaron una carta dirigida a Rincón, manifestándole su molestia por la medida, en la que manifiestan que consideran “grave que se parta de cero en educación”, como asimismo que no se respete el trabajo legislativo que tuvieron los proyectos en esta materia.
La Superintendencia
El proyecto pretendía incrementar la transparencia del sistema educativo y llenar los vacíos de la institucionalidad del sistema, regulando el lucro en las universidades. Esto, porque la Superintendencia buscaba darle mayor transparencia y calidad de fiscalización al Estado, además de otorgarle la facultad de imponer sanciones. El proyecto que se encontraba en primer trámite legislativo en el Senado, fue ingresado en noviembre 2011 y sólo a fines de marzo del año pasado había sido aprobado en general por la Sala del Senado, por 26 votos a favor y seis en contra.
Financiamiento estudiantil
La iniciativa establece un sistema único de becas y créditos para todos los estudiantes de la educación superior, sacando a la banca privada, los que serán entregados por el Estado a una tasa de interés del 2%. La iniciativa ingresó al Congreso en junio de 2013 y fue aprobada en general, en enero pasado, en la Comisión de Educación del Senado. El proyecto gatilló críticas desde los universitarios, y entre algunos rectores debido a la incertidumbre en que deja los actuales fondos del Crédito Solidario.
Agencia Nacional de Acreditación
Esta iniciativa ingresó al Congreso para reemplazar a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA). El objetivo de este proyecto era hacer obligatoria la acreditación y, a su vez, que este proceso fuese más transparente y que sancionara a los establecimientos educativos que no lograran obtenerla, además de exigir más calidad a las instituciones de educación superior. La iniciativa fue presentada a fines de 2012 y en cuanto a su avance legislativo, ya había sido aprobada en general en la Sala del Senado en octubre de 2013.
Parlamentarios de la Alianza de la Comisión de Educación.
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